Summum ius, summa iniuria

Conviene leer detenidamente, luego que cada uno saque sus conclusiones.

La intervención de las comunicaciones de los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados, por las que Garzón ha sido condenado a 11 años de inhabilitación, fueron avaladas por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que le sucedió en la instrucción, Antonio Pedreira, por las dos fiscales Anticorrupción adscritas a la causa y por el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM José Manuel Suárez Robledano.

Las escuchas no fueron ordenadas porque sí. Ya en el primer auto en febrero de 2009, Garzón centró las escuchas en el abogado José Antonio López Rubal, dados los claros indicios de que en las actividades de la trama habían intervenido abogados, que dada su condición, podrían actuar de “enlace” de los cabecillas con el exterior. Al resultar ese abogado imputado en la trama, Correa y Crespo lo sustituyeron por Rodríguez Mourullo y Choclán. Garzón prorrogó las escuchas y Anticorrupción no puso trabas.

En su informe de 20 de marzo, Anticorrupción informó a Garzón de que una parte importante de seis conversaciones grabadas se referían a “estrategias de defensa” y debían ser excluidas del procedimiento. Pero al final de ese mismo informe, la fiscalía dijo expresamente que no se oponía a las intervenciones la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la unidad policial antifraude.

El 27 de marzo, Garzón ordenó la exclusión de las conversaciones interesadas por Anticorrupción.

Al aparecer indicios de criminalidad contra aforados, Garzón se inhibió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El nuevo instructor, Antonio Pedreira, prorrogó a petición de la fiscalía las escuchas ordenadas por Garzón y, más adelante, en enero de 2010, rechazó anular las grabaciones. Pedreira sostuvo entonces que el derecho de defensa no era “ilimitado” ni una patente de corso a los abogados para colaborar en delitos. También expuso que, bajo supervisión judicial, sí es posible la intervención entre un abogado cooperador y sus clientes. Según Pedreira, de la misma forma que se puede ordenar la entrada y registro en despachos profesionales, se puede, de forma motivada, acordar la intervención de comunicaciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin embargo, anuló parte de las intervenciones ordenadas por Garzón. Aunque uno de los tres magistrados, José Manuel Suárez Robledano, se opuso a la anulación por entender que se daba un margen muy elevado de “impunidad y privilegio” a los abogados.

Son las doce menos cuarto de la mañana. No llueve en Pozuelo y la temperatura exterior es de 6 grados. La justicia no puede ser un territorio para la vendetta y para el revanchismo. A mí personalmente, Garzón, nunca me ha caído bien, siempre le he considerado demasiado soberbio, demasiado mediático, incluso a veces demasiado estridente, pero de ahí, a utilizar el territorio de la justica para bajarle esos humos hay mucho camino, un camino que nunca se debería haber recorrido, ni de esta manera. La sentencia no es una buena noticia y hay límites que no se deben pasar nunca, porque no tienen vuelta atrás.

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