Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Igualdad

  • El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las CCAA aprueban un protocolo que agilizará los desplazamientos de las víctimas de violencia de género y de sus hijos entre casas de acogida
  • El documento establece un marco común de actuación de acuerdo con las premisas de la seguridad, recuperación y confidencialidad de las mujeres víctimas y de sus hijos
  •  Las CCAA de origen de la propia víctima, o en su caso, si así lo acuerdan, las comunidades de procedencia y de acogida, asumirán los costes del desplazamiento. Asimismo, cuando llegue la unidad familiar al nuevo centro, los hijos serán escolarizados de forma inmediata y a la mujer se le aplicarán los recursos y servicios que su situación concreta haga necesarios, al igual que el itinerario profesional de asistencia pertinente
  • La Conferencia Sectorial también ha aprobado “Las Pautas para la Intervención Individualizada” de las víctimas de violencia de género y de los menores a su cargo, lo que supondrá una mayor coordinación de los profesionales de distintas áreas (psicológica, social, educativa o judicial) desde un diagnóstico preciso de la situación familiar y con la posibilidad de que al caso se le asigne un profesional concreto encargado del seguimiento
  • Las CCAA recibirán este año 5,3 millones de euros para abordar proyectos de asistencia integral a las mujeres víctimas y a sus hijos: 4,3 millones proceden de la ampliación de crédito aprobada hoy para transferir a los gobiernos autonómicos y el millón restante se enmarca en la cuantía del Espacio Económico Europeo

 

La Conferencia Sectorial de Igualdad, que ha reunido hoy al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a las Comunidades Autónomas, ha acordado la ampliación del crédito destinado a la asistencia integral de las mujeres víctimas de violencia de género y a los menores a su cargo. Se trata de un aumento de 300.000 euros, lo que eleva el importe total de dichas transferencias a 4,3 millones de euros. Asimismo, a instancias del Departamento que dirige Ana Mato, se ha aprobado la aplicación del protocolo de derivación a casas de acogida, de modo que puedan tramitarse de urgencia desplazamientos de las víctimas y de sus hijos entre comunidades, y siempre en pro de su seguridad y de su recuperación.

La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha presidido la sesión de hoy de una Conferencia Sectorial cuyos acuerdos, según ha manifestado en la rueda de prensa posterior, ha calificado como “históricos”. Por un lado, porque queda demostrado el compromiso del Gobierno en la erradicación de la violencia de género y en la mejora de la atención a las víctimas de malos tratos y a los menores o personas dependientes a su cargo. Por otro, porque medidas como el Protocolo de derivación o la redacción de un documento de Pautas de Actuación Individualizada con mujeres y sus hijos reflejan la apuesta por la calidad asistencial, la mejor garantía para denunciar los casos de violencia de género y empezar una nueva vida.

Tal y como ha destacado Camarero, España dispone de un “magnífico” elenco de profesionales dedicados a que las mujeres que sufren malos tratos o que luchan por superarlos puedan rehacer su vida. Son profesionales de los servicios sociales, de la atención psicológica, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la magistratura. Todo un repertorio de personas dispuestas a volcar su conocimiento en la ayuda a las mujeres y sus hijos. Y no sólo eso: España cuenta con una red de recursos y servicios de extraordinarias prestaciones.

La coordinación de todos estos instrumentos ha propiciado la aprobación de un Protocolo de derivación a casas de acogida de las mujeres que han sufrido la violencia de género, así como de sus hijos e hijas. El documento acelerará los plazos de tramitación de desplazamiento entre centros de acogida hasta un máximo de 15 días. La interconexión entre comunidades y las propias casas acerca de su disponibilidad de plazas y de los recursos que ofrece permitirá en un periodo muy breve proceder al desplazamiento. Desplazamiento que se efectuará sobre los principios de celeridad, seguridad y confidencialidad, y con un aspecto a tener en cuenta: si la mujer no cuenta con recursos económicos suficientes, la comunidad de la que procede se encargará de los gastos del viaje. Se abre la opción de que tanto ésta como la comunidad de recepción acuerden el reparto de los costes.

También asumirá la comunidad de origen el gasto que ocasionen los viajes de regreso por obligación del proceso judicial o por causa debidamente justificada. En este caso, y en atención a la máxima de la seguridad, la comunidad afrontará también los gastos del alojamiento.

Por otro lado, una vez finalizada la estancia en la casa de acogida de acuerdo con los criterios de los especialistas, la mujer podrá decidir si se instala en la comunidad que la acogió, en cuyo caso ésta pondrá a disposición la información sobre sus recursos y aplicará los que le corresponda, tanto a ella como a sus hijos. Porque ésta es también la premisa del Ministerio y de las CCAA reunidas en la Conferencia Sectorial: la atención a los menores y la presencia junto a su madre. 

Con esta aprobación se avanza de manera definitiva en el establecimiento de una verdadera Red Nacional de Centros de Acogida y se produce una mejora sustancial de la coordinación entre las distintas redes autonómicas, y con ello en la protección y la seguridad de las víctimas y de los menores a su cargo, así como en facilitar su recuperación integral.

La Conferencia Sectorial  ha servido también para presentar a las Comunidades las “Pautas comunes para la Intervención integral e individualizada con mujeres víctimas de violencia de género  sus hijos e hijas y otras personas a su cargo”. Las Pautas, fruto de la colaboración y las aportaciones realizadas por  las Comunidades Autónomas,  se presentan con el fin de que contribuyan a realizar una  intervención personalizada y multidisciplinar con las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas. Tanto el Ministerio como las Comunidades Autónomas pretenden, de este modo, una atención integral acorde a las necesidades del  proceso recuperatorio.  La Propuesta incide en dos elementos esenciales para satisfacer de manera eficaz tales necesidades: la coordinación de  las intervenciones de los distintos profesionales que participan, evitando revictimizaciones a las mujeres, y la definición de unos objetivos hacia la recuperación de las víctimas (mujeres e hijos) sobre la base de la asistencia psicosociales, laboral, educativa y sanitaria.

A través de una ampliación de crédito, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad transferirá este año 4,3 millones de euros a las CCAA para que desarrollen proyectos de atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género y a los menores a su cargo. La cuantía es 300.000 euros superior a la que se tramitó el año pasado y a la que en principio se fijó en los Presupuestos Generales del Estado. Incorporada este aumento de crédito, 3.100.000 euros recaerán en los programas de asistencia a mujeres y 1.200.000 en los de atención a menores.

A dicha inversión hay que sumar el millón de euros proveniente del Espacio Económico Europeo (los llamados fondos noruegos) para desarrollar proyectos de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género. A la espera de la validación definitiva de dichos programas, seis Comunidades Autónomas recibirán cada una 170.000 euros para efectuar otros tantos proyectos. La inversión se ejecutará antes de final de año, según las previsiones de la tramitación. En total, 5,3 millones de euros en 2014 para que las mujeres que han padecido malos tratos, así como sus hijos, reciban la mejor asistencia posible y rehagan su vida.

De acuerdo con los criterios de distribución pactados con las comunidades, Andalucía, Cataluña, la Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana son, por este orden, las regiones que más crédito recibirán.

Asimismo y por primera vez se incluye en la agenda de trabajo común con las Comunidades Autónomas, la atención específica a otras formas de violencia contra la mujer, como es la mutilación genital femenina, en consonancia con la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2013–2016. Las administraciones, en consecuencia, se coordinarán para plasmar las actuaciones autonómicas efectuadas al respecto, y se creará un nuevo grupo de trabajo on-line para el intercambio de información y documentación relevante.

Por otro lado, acerca de la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, continuando la colaboración  iniciada en la Conferencia Sectorial de 2012, un grupo de trabajo procederá a la actualización de la Gúía de Recuros autonómicos dirigidos a las víctimas.

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