Vox y la violencia institucional contra las mujeres

La dimensión institucional de las violencias contra las mujeres es una de las novedades que las feministas han incorporado al análisis de la violencia de genero. Desde sus inicios el movimiento feminista fue consciente del papel ambiguo del Estado y los cargos públicos en las violencias contra las mujeres. Pero parece que de un tiempo a esta parte en este país se va mas allá de la pura ambigüedad para pasar directamente a la embestida.

Esta semana asistíamos a una de estos episodios de violencia institucional, sin que nadie, hasta ahora, se haya fijado en ello. Me refiero al acto del minuto de silencio por una de las últimas víctimas por violencia de género que organizó el ayuntamiento de Madrid. Allí el grupo político VOX se presentó con el único fin de reventar el acto, aun siendo conscientes y sabiendo que las hijas de la víctima estaban allí presentes.

Pues bien, ese es uno más de los múltiples episodios de violencia institucional que estamos viviendo últimamente en este país de la mano de este grupo político.

El Convenio de Estambul y la Convención de Belem definen claramente la violencia institucional contra la mujer y lo hacen de una manera muy clara dejando patente que la violencia institucional no sólo incluye aquellas manifestaciones de violencia contra las mujeres en las que el estado o representantes del estado son directamente responsables por su acción u omisión, sino también aquellos actos que muestran una pauta de discriminación o de obstáculo en el ejercicio y goce de los derechos.

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, especialmente en sus artículos 5 y 30 deja bien claro este delito contra las mujeres:

El artículo 5 indica las obligaciones de los estados y dice así: “1. Las Partes se abstendrán de cometer cualquier acto de violencia contra las mujeres y se asegurarán de que las autoridades, los funcionarios, los agentes y las instituciones estatales, así como los demás actores que actúan en nombre del Estado se comporten de acuerdo con esta obligación”.

Como ven estos actos, como al que antes me refería, de cargos públicos, como el caso del concejal del ayuntamiento de Madrid del grupo VOX, Ortega Smith, constituyen no solo una mentira, no solo un escándalo, no solo una tergiversación de la verdad, no solo un atentado contra los derechos más esenciales de las mujeres de este país, que es el derecho a una vida libre de violencia, sino que es violencia institucional pura y dura. Sorprendentemente, en el Estado español ni Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ni las legislaciones autonómicas han incluido definiciones de la violencia institucional. Lo mismo es hora de empezar a hacerlo.

Son las once y media de la mañana. No llueve en Pozuelo y la temperatura exterior es de 22 grados. Vox y la violencia institucional contra las mujeres